Fiscalía advierte peligros tras eliminación de la detención preliminar
Ley 32181 continúa generando controversia.Según especialistas, la lucha contra la criminalidad podría complicarse aún más.
A través de sus redes sociales, la Fiscalía ha emitido una aclaración importante sobre la implementación de la nueva norma, la cual entró en vigencia en diciembre de 2024, que prohíbe la detención preliminar en casos de delitos como corrupción, trata de personas, feminicidio, secuestro, entre otros. En su mensaje, la Fiscalía subraya que «la detención preliminar ayuda a proteger a las víctimas y a la sociedad».
Sin embargo, esta decisión ha sido polémica. La eliminación de la detención preliminar ha generado preocupación entre los sectores que consideran que esta medida debilita la lucha contra los delitos más graves, en especial aquellos que implican violencia y abuso de poder. En lugar de favorecer la protección de las víctimas, se corre el riesgo de que los presuntos responsables queden en libertad mientras se realizan las investigaciones, lo que podría dificultar la obtención de pruebas clave o incluso permitir que los imputados huyan de la justicia.
A pesar de estas preocupaciones, la Fiscalía insiste en que se deben contar con mecanismos eficaces para luchar contra “todos los delitos, sin excepciones”, lo que ha sido respaldado por algunos sectores que consideran que la restitución de la detención preliminar debe ser acompañada de otras reformas judiciales que refuercen la eficacia del sistema de justicia. Sin embargo, algunos expertos apuntan que esta medida no debería aplicarse de manera generalizada, sino de forma selectiva, para no vulnerar los derechos fundamentales de los acusados sin un juicio previo.
El jueves pasado, la Comisión de Justicia del Congreso rechazó las observaciones planteadas por el Gobierno de Dina Boluarte y aprobó por insistencia la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Sin embargo, esta decisión pone de relieve las tensiones políticas y las diferencias en torno a cómo abordar el problema de la criminalidad, ya que, mientras algunos abogan por una justicia más ágil y con mayores herramientas preventivas, otros prefieren un enfoque más garantista para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Cabe destacar que la siguiente legislatura inicia el primer día de marzo, a menos que se consiga reunir las 78 firmas necesarias para convocar una sesión extraordinaria antes deesa fecha, según lo informado por Eduardo Salhuana. Este retraso en el proceso legislativo pone en evidencia la falta de urgencia de algunos sectores para resolver de manera definitiva los problemas relacionados con la justicia penal en el país.
Para Miguel Antezana, especialista en comunicación política, la población, en lugar de ser protegida por las altas esferas del poder, termina siendo perjudicada por las maniobras del Congreso de la República, cuyos integrantes, una vez más, buscarían satisfacer sus propios intereses personales. “Hay que ser muy ingenuos para creer que en este momento no corre dinero sucio o dinero obtenido ilegalmente para financiar campañas o solicitar favores a todo nivel”, afirmó.
Asimismo, advirtió que, si no se detiene el avance de la criminalidad, continuará la generación de fondos ilícitos, los cuales terminan infiltrándose en la política peruana. Además, señaló que, a pocos meses de iniciarse las campañas electorales del 2026, es probable que estos recursos financien algunas candidaturas.
“Cada vez se va ingresando más dinero de las organizaciones criminales a la política. Hoy se corre el riesgo de que el dinero ilegalmente obtenido financie campañas. Estamos en un estado forajido. En vez de fortalecer el Estado de Derecho y cumplimiento de las leyes más justas y duras, se promueve la delincuencia, la bravuconada. Así un nuevo gobierno encontrará un país con bases muy débiles a nivel institucional. Lo que es aprovechado por cualquier delincuente y corrupto”, expresó.
