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Congreso a favor de ley que busca avisar a criminales antes de allanar sus propiedades

11 de las 12 bancadas aprobaron dictamen que alerta a investigados antes del allanamiento de su inmueble

La política peruana es de doble rasero. Un día con sol, un parlamentario se despierta con un traje recién salido del sastre y dice que el crimen no puede seguir ganando terreno, que se necesita mano dura y proponen sus normas para erradicar el crimen. Al día siguiente, una mañana nublada por el cambio de clima, aparece un congresista con una barrabasada que invita a todos los peruanos a preguntarse, ¿qué castigo estamos pagando con estos mal llamados padres de la patria?

El último fin de semana, parece que el intenso frío quemó las neuronas de los legisladores, porque en el pleno del Congreso aprobaron el texto sustitutorio que modifica el Código Penal, la Ley Contra el Crimen Organizado, y la Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes para tipicidad de una organización criminal. En palabras humanas quiere decir que esa primera votación afecta directo al proceso de allanamiento al imponer que este se realice con la presencia del involucrado y de su abogado.

Aproximadamente a las 10:55 de la noche del viernes, fiscales y agentes policiales ingresaron a la casa de la presidenta de la República con el objetivo de recabar información relevante en el marco de la investigación fiscal que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito por el caso Rolex. ( video: cortesía)

Eso es un chiste para las autoridades que persiguen al delito y al delincuente, porque saben que ni bien el criminal se da cuenta que lo vienen siguiendo, se larga de la ciudad o se escapa del país. Un claro ejemplo de ello, es Josué Oliver Blas Lezama, el cabecilla de la organización criminal ‘La Gran Alianza’, ni bien se filtró la información por malos policías, el hampón conocido como ‘Gato Cote’ se trepó a su camioneta y se fue conduciendo hasta la frontera de Ecuador, para mayor precisión, abandonó su carro en Zarumilla.

Esta propuesta legislativa lo presentó el congresista, Waldemar Cerrón, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón, investigado por organización criminal y sometido al allanamiento de su vivienda y oficinas por más de un proceso en su contra, y quien hace más de siete meses se esconde de la justicia para no afrontar una sentencia de más de tres años de prisión por corrupción.

Propuesta legislativa fue presentada por el congresista, Waldemar Cerrón, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón. (Foto: andina)

Pero el congresista Cerrón tuvo sus aliados para aprobar su descabellada propuesta. Pues, 11 de las 12 bancadas lo apoyaron, entre ellas Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial y Renovación Popular, algunas también investigadas por organización criminal.

El texto sustitutorio se aprobó con 51 votos de estas 11 bandadas, busca darle ventaja al involucrado en una investigación al obligar que el procedimiento de allanamiento se realice en presencia del imputado y también de su abogado. Incluso, si el involucrado no contara con abogado se le adjudicará uno de oficio. Eso quiere decir que se le advertirá al potencial sospechoso de un delito antes de allanar su vivienda u oficina, los lugares donde la Fiscalía podría hallar alguna prueba en su contra.

Ante la propuesta, el coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, denunció que con esta norma ‘se pierde el factor sorpresa’ y se deja a los fiscales y policías expuestos ante la criminalidad.

“Este proyecto implica un retroceso la lucha contra el crimen organizado en la que están empeñados la Policía y el Ministerio Público. Resulta completamente irreal que se intente que, una vez que recibimos las disposiciones, notifiquemos a los abogados de la organización criminal para que estén presentes en el operativo. La norma va a facilitar el delito”, señaló el fiscal.

Para Chávez Cotrina, el Congreso debe entender que la Fiscalía enfrenta a organizaciones criminales que cometen delitos de alta peligrosidad y la propuesta de Cerrón ‘atenta contra los operadores de justicia’ y que anticipar a los delincuentes de las diligencias los expone a posibles ataques.