Programa social para internos de la exFloresta beneficiaría a César Acuña
Especialista en el tema refiere que no sería competencia de la actual gestión regional de César Acuña Peralta.
Un hombre de 1.51 de estatura, de cabello plateado viste una impecable túnica blanca que le llega hasta los tobillos. Con las manos entrelazadas y una sonrisa, posa aparentemente ante el registro fotográfico de un teléfono móvil. Los lentes oscuros que protegen sus ojos, evidenciarían que aquel día en el que se registró la imagen, el rey sol iluminó la mezquita Sheikh Zayed en la ciudad de Abu Dhabi. En el extranjero, se trataría de un turista más; sin embargo, en La Libertad, no, porque el fotografiado es la máxima autoridad regional.
Mientras tanto, a muchas millas del lugar donde se tomó la instantánea, continúan registrándose más crímenes y extorsiones. Se conoció que el también líder de Alianza Para el Progreso continuaría en el extranjero hasta el próximo 14 de octubre. Según un conocido medio nacional, Acuña Peralta, se encontraría en los Emiratos Árabes junto a su hija y su mujer. Este sería el cuarto viaje del año que realiza en medio de esta ola de inseguridad.
La encargada de asumir el liderazgo de La Libertad, es la vicegobernadora, Johana Cabrera Pimentel, quien hace algunas horas ha defendido a capa y espada el programa que viene impulsando el GORE, destinado a la reinserción de internos de la exFloresta. En este caso, tampoco han faltado los cuestionamientos, pues, inicialmente se supo que también alcanzaría a los penales, no obstante, la gobernadora encargada ha aclarado esta situación.
“Queremos romper la cadena delincuencial que va de generación en generación. Hay una ligazón con quienes están recluidos en los penales. Para ellos queremos que la justicia sea drástica, dura y no sea suave. Eso está excelente. Pero, digo yo, 200 mujeres que tienen hijos quienes han quedado desprotegidos, ¿qué futuro les espera? En otros países se ha investigado (programa de reinserción) que tiene resultados positivos, por eso que sus índices de delincuencia son menores. Vamos a hacer estas visitas y dar este apoyo para la reinserción social y ahí también muchos están incluidos dentro de estas familias, que son estos jóvenes de la ex floresta, son familiares directos, (hijos, sobrinos) de reclusos del penal”, manifestó.
Ante este programa con atención especializada en también mejorar el entorno de los jóvenes para cortar esta cadena generacional del crimen, decidimos buscar al especialista en derecho penal, abogado Manuel Pesantes, quien afirmó que este programa a pesar de ser importante para la sociedad, es competencia del gobierno central, más no de los gobiernos regionales como se está haciendo en la gestión de Acuña Peralta. En esa línea, no descarta que se trataría de alguna estrategia política.
“Para empezar, todo lo que tenga que ver con resocialización, reinserción o educación de un interno, ya sea de un mayor de edad o de un menor de edad dependen del gobierno central. Por ejemplo, si el GORE quiere adoptar algún tipo de medidas de ayuda o de educación no está dentro de sus facultades. Desde ahí ya nos da luces de que este supuesto programa social que quiere implementar se está haciendo con un trasfondo político. Como ya se viene la etapa electoral se realizaría con la finalidad de captar votos, quizás de esa población”, declaró en una reciente comunicación con Infolibertad.
No obstante, mencionó que, de llevarse a cabo este programa, eventualmente se verían algún tipo de resultados, pero esto sería realizado para mejorar la imagen del líder de APP. Recordemos, por ejemplo, que una de las medidas más recurrentes para intentar reducir la criminalidad en La Libertad son las declaratorias de emergencia, pero basta la fecha la población no estaría satisfecha.
“Podría generar resultados en el interno, en su familia y en el entorno, pero no es trabajo del Gobierno Regional ni es su preocupación implementar este tipo de apoyo. Esto es un trabajo del Estado, de los Ministerios, del Gobierno central. Si el GORE quiere meterse a trabajar a hacer algún tipo de apoyo social a los familiares de los internos, ya sea del penal, de la ex floresta o de los menores que cometen infracciones penales, tiene un trasfondo político, no tiene una visión social” acotó.
Por otro lado, dejó en claro que sí está de acuerdo con estos programas, por lo que no dudó en profundizar más en el tema y evidenciar que al Estado le falta mucho por mejorar en este aspecto, sobre todo en aquellos individuos cuyos delitos son hurto, estafa, apropiación ilícita, robo u homicidio culposo, quienes en 5 o 7 años saldrán a las calles y deberán reivindicarse de sus acciones.
“El Estado tiene que darle importancia en que esta persona pueda capacitarse internamente en algún curso o taller para que pueda aprender alguna profesión técnica. La finalidad es que cuando ellos cumplan su pena salgan con una semi libertad o con libertad condicional puedan continuar con esa carrera técnica. En lugar de que las cárceles sean una escuela del delito, pueden servir como escuelas en las cuales el sujeto o sentenciado pueda aprender y luego aplicarlo afuera”, acotó.
Asimismo, indicó que la política criminal no debería enfocarse únicamente en aumentar las penas, sino también en la reintegración social de los sentenciados. Sancionar sin ofrecer oportunidades de reinserción no cumpliría con el objetivo de la justicia, ya que los individuos que salen de prisión sin haber aprendido algo positivo están propensos a reincidir en conductas delictivas.
“El Estado olvida que política criminal no necesariamente es aumentar pena o ponerle la más alta pena. Se debe sancionar y reinsertar, porque si solamente sancionas y no reinsertas al sentenciado a la sociedad, prácticamente no estás cumpliendo esa política y obviamente el sujeto que sale luego de 6 años del penal y solamente ha aprendido cosas malas ¿a qué va a salir? evidentemente va a salir a hacer cosas malas, ahí es donde el Gobierno pierde la vista”, finalizó.
Dato extra
Se conoció que la Gerencia Regional de Salud está enviando a médicos y psicólogos para brindar atención a los internos, de los cuales se estima que más del 50 % ha cometido delitos por primera vez y es necesario ayudarlos a convertirse en ciudadanos responsables.
