Crímenes continúan en plena declaratoria de emergencia
Los asesinatos continúan sin importar estado de emergencia, horario o lugar en la región de La Libertad. En la provincia de Trujillo, distrito El Porvenir se perpetró un acto sangriento en presencia de los familiares de la occisa y a plena luz del día. En menos de 24 horas se registraron dos hechos de sangre que nuevamente ponen en tela de juicio el trabajo de las autoridades locales, regionales y policiales para luchar contra la inseguridad ciudadana.
El 29 de mayo, sicarios acabaron a balazos con la vida de una mujer conocida como la ‘Gorda Karla’ a tan solo unos metros de la municipalidad del mencionado distrito, exactamente en la intersección de las calles Junín y Ascencio Vergara. Según las primeras informaciones, la mujer iba junto a su menor hija y su pareja cuando fueron sorprendidos por sujetos que llegaron en una moto lineal.
Una vez cometido el acto, los delincuentes intentaron huir de la escena; sin embargo, metros más adelante impactaron contra un vehículo de la municipalidad distrital perteneciente al área de Defensa Civil. Producto del incidente, los sicarios cayeron al pavimento junto con sus pertenencias, entre ellas un arma Glock 17 y trajes que pertenecerían a obreros.
Se presume que los utilizarían para camuflarse y perpetrar diversas actividades delictivas. Luego del accidente, se detuvo a Cristofer Eli Gutiérrez López, de 26 años, quien fue trasladado hasta el Hospital Belén de Trujillo. En tanto la víctima, Karla Janeth Paredes Gonzales, de 32 años, también fue llevada al mismo nosocomio, pero los médicos solo certificaron su deceso.



En la provincia de Ascope, distrito de Chicama se vivió algo similar. Dos hombres identificados como Jorge Luis Vera Paredes y Eduardo López Guzmán, estaban estacionados en un vehículo con placa T3D-242 en las calles San Martín y Usquil, donde en cuestión de segundos fueron ultimados. Los vecinos del lugar quedaron consternados por lo ocurrido.
Posteriormente, las víctimas fueron identificadas como José Luis Vera Paredes y Eduardo López Guzmán. Debido a la forma en que actuaron los sicarios, se sospecha que se trata de un ajuste de cuentas. La policía está investigando el caso. Este nuevo acto de sicariato genera preocupación y alarma en el valle de Chicama.
El 14 de junio culmina el estado de emergencia, no obstante, las extorsiones y asesinatos no han cesado, siguen a la orden del día y no necesariamente en las dos provincias que fueron declaradas en emergencia. Recientemente, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, informó que, debido a la compleja situación de Pataz, este se ampliará. Mientras que, en Trujillo, está por evaluarse.
«La declaratoria de emergencia en Pataz es un hecho. El tema de declaratoria de emergencia en la ciudad vamos a colocarlo dentro de la agenda en el Consejo de Ministros, será evaluado con toda la información que estamos llevando y proporcionando. En los próximos días que ya está por vencimiento se tendrán noticias al respecto», expresó el ministro Juan José Santiváñez.
Para el abogado y exfiscal, Alfredo Galindo, el estado de emergencia no sólo en La Libertad, sino en todo el Perú es un fracaso. En nuestra región no ha dado resultados importantes. Pese a que no es la primera vez que se declara. El problema aquí sería brindar un respaldo normativo a la Policía Nacional de Perú, así lo asegura el también exdecano del Colegio de Periodistas.
“Si la policía causa daño a un delincuente es procesado, entonces cualquier estado de emergencia va a ser inoperante. El congreso mismo no se anima a aprobar la ley de terrorismo, porque el sicariato y la extorsión son actos de terrorismo, entonces estamos mal. El uso de dinamita con usos extorsivos es terrorismo y si no hay respaldo normativo de esa naturaleza, poco se puede hacer”, declaró a Panorama Trujillano.
De esta forma, insta al Congreso de la República a comprometerse en su lucha contra la inseguridad para que cambien una normativa que los avale. También hizo énfasis en que muchos efectivos policiales pueden hacer más en su labor, pero no hay política criminal que los ampare, es por ello que muchos de ellos han fallecido o no intervienen para evitar involucrarse en procesos judiciales.
“En mi opinión, delincuente que está haciendo uso de un arma de fuego para asaltar y en flagrancia es encontrado por la policía. El delincuente que come un arma, ya ha renunciado a su derecho de vivir y la policía lo único que tiene que haces es eliminarlo, pero hay un protocolo de actuación policial que impide que ellos puedan hacer uso de su arma de fuego si no cumplen 5 requisitos previos: identificarse, pedirle por favor al delincuente que baje el arma, hacer un disparo disuasivo, apuntar a una parte no letal del cuerpo y recién en última instancia disparar, cuando su vida corre peligro. Sí no cumple esos 5 pasos el policía va preso”, sentenció.
Asimismo, pidió que haya mayor rigor en filtrar los efectivos policiales, quienes por falta de vocación terminan comprometiendo mucho más a esta institución. Lamentó que malos efectivos policiales egresen directamente a vincularse con actividades ilícitas, utilizando el uniforme de la policía. Mientras tanto, la inseguridad ciudadana seguirá siendo un tema complejo al que hace falta más que una declaratoria de emergencia para combatirla.